Aldo Vazquez
Desde el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), su presidente, Miguel Marecos, manifestó su respaldo a la medida y sostuvo que el uso inadecuado de los teléfonos genera dificultades dentro de las instituciones educativas.
El dirigente mencionó entre los problemas los desafíos realizados para redes sociales, conflictos entre estudiantes y una creciente dependencia de los dispositivos tecnológicos que, según su apreciación, puede interferir en el proceso de aprendizaje.
Desde el sector de padres también se expresaron posiciones favorables a limitar el uso de celulares por parte de los estudiantes. Rocío Pérez, representante de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Instituciones Educativas del Paraguay (Fedapar), señaló que acompañan la restricción para los alumnos, aunque planteó reparos sobre la necesidad de establecerla mediante una ley.
Pérez también cuestionó que la iniciativa alcance a docentes y otros integrantes de la comunidad educativa, al considerar que esos casos requieren un tratamiento diferente.
El proyecto establece restricciones para los estudiantes durante las clases, los recreos y los descansos entre clases. La versión aprobada también contempla a personas que participan de los procesos educativos, entre ellas docentes y otros integrantes de las instituciones.
La propuesta, sin embargo, contempla excepciones. Entre ellas figuran situaciones de emergencia, necesidades educativas especiales, discapacidades documentadas y determinadas condiciones de salud. También se permite el uso de dispositivos con fines pedagógicos o didácticos bajo supervisión de profesionales de la educación.
El proyecto quedó sancionado automáticamente el 25 de septiembre y ahora corresponde al Poder Ejecutivo decidir si lo promulga o dispone un veto, total o parcial. La aplicación de las restricciones dependerá de esa decisión.
Mientras tanto, el debate continúa entre autoridades educativas, directores, docentes y familias, principalmente sobre cómo establecer límites al uso de los teléfonos sin impedir aquellos casos en los que la tecnología pueda cumplir una función educativa.
