Aldo Vazquez
Entre los principales problemas señalados aparecen debilidades en los controles cruzados, modificaciones de información en sistemas informáticos y demoras administrativas que, de acuerdo con los informes, permitieron que determinadas personas accedieran a beneficios previsionales o de salud pese a presentar situaciones laborales consideradas incompatibles.
Uno de los casos de mayor impacto económico corresponde a un directivo de una empresa que figuraba como representante legal de la firma ante la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) desde 1978.
A pesar de esa condición, el hombre fue registrado ante el IPS como trabajador dependiente de la misma empresa entre 1999 y 2018.
La auditoría cuestionó esta situación debido a que el Código Laboral establece diferencias entre los trabajadores subordinados y quienes ejercen funciones de dirección o representación de una empresa.
Durante casi dos décadas, el directivo realizó aportes como empleado dependiente y acumuló 1.705 semanas de cotización. Posteriormente utilizó esos aportes para acceder a una jubilación ordinaria.
Según el informe citado por Última Hora, entre mayo de 2018 y abril de 2026 el IPS desembolsó G. 2.162 millones en haberes jubilatorios vinculados con esa inscripción considerada irregular.
Un caso similar fue detectado en otra empresa, donde una persona continuó figurando como trabajadora dependiente pese a aparecer como socia accionista y directora de la compañía desde 2010.
Otra de las auditorías encontró alteraciones en la información salarial de un trabajador.
Los auditores detectaron modificaciones en las bases de datos del sistema SAOP y diferencias entre los registros existentes y los extractos de cuenta emitidos posteriormente.
La investigación identificó a funcionarios que habrían intervenido en esas modificaciones. Los involucrados fueron sometidos a sumarios administrativos.
En este caso, el perjuicio determinado en concepto de aportes que el IPS dejó de percibir fue de G. 126,8 millones.
Los controles internos también detectaron situaciones en las que existían incompatibilidades entre prestaciones jubilatorias y registros laborales activos.
En uno de los casos, la auditoría calculó que entre 2020 y 2024 se abonaron G. 98,6 millones en concepto de haberes jubilatorios durante el periodo observado.
A esa cifra se sumaron G. 465,5 millones correspondientes a prestaciones de salud utilizadas por el asegurado y sus familiares, elevando el impacto económico de ese caso a más de G. 564 millones.
Los informes internos incluyen además situaciones en las que personas fueron incorporadas al seguro social mediante relaciones laborales que posteriormente fueron consideradas irregulares.
Uno de los casos mencionados corresponde a una persona que declaró a su concubina como empleada doméstica con el objetivo de que pudiera acceder a beneficios relacionados con maternidad.
En otros dos casos, los mecanismos de fiscalización permitieron detectar las situaciones antes de que se concretaran determinados pagos de subsidios por maternidad.
Las auditorías realizadas sobre distintos casos coinciden en señalar vulnerabilidades dentro de los mecanismos de control de la institución.
Entre las principales observaciones aparecen la falta de cruces automáticos entre bases de datos, sistemas que permiten modificar información sensible, controles que no detectan determinadas incompatibilidades y demoras en los procesos administrativos.
Los casos abarcan desde pagos millonarios durante años en concepto de jubilaciones hasta la utilización de servicios médicos por personas cuya situación laboral o previsional estaba cuestionada.
Desde Última Hora señalaron que buscaron conocer qué procedimientos aplicará el área de Aporte Obrero Patronal del IPS luego de recibir los informes de auditoría, pero no obtuvieron respuesta.
Las nuevas observaciones se suman a otros informes que ya habían señalado problemas en el manejo de recursos del IPS. Entre ellos, la Contraloría General de la República había informado sobre acreditaciones realizadas a jubilados fallecidos y otras irregularidades en la administración de la previsional.
